Jorge Hidalgo Lugo
Toda una colección de artimañas y acciones ilegales se encuentran en plena competencia por igual en dos de los principales bandos que se sienten merecedores de alcanzar la designación por Morena, un partido que tiene tufo a corrupción, latrocinio e ilegalidad, como quedó demostrado nuevamente con los sendos acarreos que se han realizado en apoyo de perfiles, sobre todo los cercanos a Alfredo Ramírez Bedolla.
Obstinados como están en desplazar hasta destruir al adversario, del lado de Raúl Morón Orozco, la contra parte que lucha desde sus propias tribunas para no dejarse avasallar por el bedollato, se acumulan evidencias y pruebas documentadas a presentar para impugnar sobre todo a las dos cabezas visibles que impulsa el gobierno del Estado: Carlos Torres Piña y Gladys Butanda.
Desde el área jurídica que ha integrado el senador por Michoacán donde destacan abogados conocedores del derecho electoral, ya dieron muestra de sus alcances al haber impugnado hasta descabezar al Instituto Electoral de Michoacán, que estaba totalmente entregado a las órdenes de Ramírez Bedolla.
Y en esta guerra de tramposos en que se ha convertido la lucha por alcanzar la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán a cual más echa mano de los métodos que se consignan como “prohibidos” en la propia convocatoria que al respecto emitió la dirigencia nacional de Morena.
Pero lo más lamentable para los que quieren seguir timando a la población con sus discursos huecos y retóricas de pulcritud inmaculada, es que exhiben su potencial en el uso de acarreados que son llevados bajo amenazas a mítines como el de la Plaza de Toros de Morelia con Gladys Butanda como protagonista principal y cuyo derroche de recursos está señalado en las impugnaciones que al respecto se acumulan en los órganos internos del movimiento y con ruta abierta a los órganos electorales en caso de ser necesario.
Y en el caso de Carlos Torres Piña, lo más reciente es el flaco favor que le hizo Fabio Meza Alfaro en su calidad de secretario General de la Sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), al subir en redes sociales un público reconocimiento a sus agremiados por haber acudido en apoyo del fiscal con licencia a uno de sus eventos multitudinarios. (Ver video).
Pero no sólo es un lance plagado de ilegalidad y cinismo, sino además deja en claro el pago de favores porque precisamente es a este organismo sindical a quien el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, de manera sesgada y sin cumplir con otros organismos laborales de la propia Secretaría de Salud a las que “ni ven ni oyen”, le construyen un inmueble para su usufructo con una inversión anunciado también en redes sociales, por el orden de 12 millones de pesos, hasta este momento.
Y por si fuera poco, en el cobro de favores, el mismo Meza Alfaro condiciona desde ahora los movimientos escalafonarios para que sean única y exclusivamente para lucro de su organización “por ser mayoritario” y recuerda que así está establecido en las normas que regirán a lo que ahora se llama IMSS-Bienestar, sin considerar a los demás sindicatos que sobreviven ante el desprecio oficial del bedollato y por lo que han acusado a Elías Ibarra Torres, actual secretario de Salud en la entidad. (Ver video).
En su exceso el dirigente de marras incluso acusa al gobierno que le ha dado ya 12 millones de pesos para su casa sindical, de desordenado por lo que le exige negociar solo con el gremio mayoritario, al subrayar que “las autoridades actúan por cuestiones políticas, permiten muchísimas cosas y no hay orden en el Estado”.
En su afán de acaparar todas las plazas laborales posibles, acude a los eventos de Torres Piña, se acerca a la foto del recuerdo y vende a los acarreados que obliga a acudir a los mítines plazas para dejar de lado los ordenamientos que al respecto rigen, aunque como letra muerta, en la convocatoria emitida para este cochinero en que han convertido los grupos en pugna, el ejercicio interno morenista.
“…queda prohibido el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza; intervención de servidores públicos en favor o en contra de participantes; la utilización de programa sociales, condicionamientos o coacción en favor o en contra de participantes y/o cualquier otro mecanismo que pretenda influir indebidamente en el desarrollo del proceso”.
Bajo este precepto, el dirigente sindical, quien se siente intocable y goza de las prebendas que le otorga el poder bedollista, pretende soslayar que, en su calidad de servidor público, tiene la obligación de conducirse dentro de los cauces legales y de abstenerse de obligar a sus agremiados a sumarse a la cargada en favor de uno de los contendientes.
No olvidar que un “servidor público es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión dentro del Estado. Su labor principal es brindar servicios de utilidad social y satisfacer las necesidades de la comunidad, rigiéndose por principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia”.
Precepto que incluso soslayan agremiados del sindicato en comento, como se aprecia en otro de los videos donde una de sus beneficiadas se estaciona en sitio indebido, exclusivo de minusválidos y al ser objeto de reclamaciones, se burla y demuestra la prepotencia con que se conducen por sentirse protegidos por el gobierno de Ramírez Bedolla hasta en estas instancias de frivolidad ciudadana.
En resumidas cuentas, todos estos ilícitos que se cometen, forman parte del amplio legajo que integran las impugnaciones que anuncian habrá de prolongarse la guerra de lodo y artimañas de los tramposos de casaca guinda en campaña…
Vale…
